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Discapacidad

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El 3 de diciembre celebramos el Día Internacional y Europeo de las personas con Discapacidad. Fue establecido en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con miras a fomentar la integración en la sociedad de las personas con discapacidad con el propósito de avanzar en su “plena ciudadanía y responsabilidad”. El objetivo es dirigir el progreso hacia la consecución de la plena igualdad de los derechos de las personas con discapacidad.

Los discapacitados, en España, somos un 10% de la población. Al celebrar el Día de la Discapacidad, muchos piensan que esto afecta a un reducido número de personas de la sociedad. Y la verdad es que la discapacidad entendida como limitaciones en el funcionamiento para las actividades y la participación en la vida diaria afecta a muchísimas personas.

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¿Quién no se siente limitado en alguna que otra capacidad? ¿Quiénes no viven con restricciones para su participación en la sociedad? ¿Quiénes no sienten restricciones para realizar ciertas actividades.

La capacidad se describe como la actitud de un individuo para realizar una tarea o acción. Además, la OMS insiste que esta capacidad o discapacidad viene influenciada por factores, que de forma positiva o negativa pueden permitir el desempeño y realización de las funciones que una persona desarrolla en su vida cotidiana.

Tenemos que acabar con la discriminación que todavía sufren las personas con discapacidad y que persiste en la educación, la formación, el empleo, la vivienda, el acceso a los establecimientos abiertos al público, la protección social, el transporte, las comunicaciones, los servicios sanitarios o los medios de comunicación social. Aunque reconocemos que se ha mejorado bastante en los últimos años.

Las personas con discapacidad “carecen por lo general de recursos o dispositivos legales eficaces para atacar y corregir dichas conductas discriminatorias”, dado que pese a que existen muchas normas reconociendo los derechos de este colectivo, no siempre se cumplen. De hecho múltiples estudios demuestran que las personas con discapacidad “ocupan un estatus inferior en nuestra sociedad, encontrándose en una situación de enorme desventaja” en diversos ámbitos, una “discriminación” y “falta de oportunidades” que se agudiza en el caso de las mujeres con discapacidad.

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Igualmente se reconoce que las familias de las personas con discapacidad “siguen soportando muchas veces en exclusiva y sin el debido grado de protección social el esfuerzo suplementario que supone, en todos los órdenes, la presencia de una persona con discapacidad en el seno familiar”.

El CERMI ha pedido al Gobierno que promueva un Pacto de Estado en materia de discapacidad. Dicho pacto comprometería en un objetivo común al Gobierno, a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, a los agentes sociales y a las organizaciones representativas de personas con discapacidad y orientaría las políticas públicas sobre personas con discapacidad para la próxima década (2004-14).

La discapacidad hay que situarla en la esfera de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Para ello hay que definir derechos, dotarlos de contenido material, hacerlos vinculantes y exigibles y universales y regular mecanismos eficaces y rápidos de protección y tutela que garanticen su puesta en práctica. Tenemos que luchar contra las situaciones de discriminación que todavía padecen las personas con discapacidad y sus familias. Hay que pasar definitivamente del esquema de los servicios sociales, al de los derechos sociales y hacia unos derechos sociales universales, vinculantes, exigibles y con un nivel de prestación equitativo para todos los territorios del Estado. La accesibilidad ha de ser considerada siempre como derecho y su ausencia debe ser contemplada como una discriminación contra las personas con discapacidad, prohibida por la Ley, perseguible y sancionable con instrumentos eficaces.

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